Matrimonio servil en Colombia: una esclavitud sexual y doméstica que sigue sometiendo a las niñas y mujeres

Como muchas niñas, Laura* pensaba que tenía una relación amorosa normal, como las de todo el mundo, pero no. Apenas tenía 13 años cuando conoció al jefe de su hermano mayor, un hombre de 28 años que se convirtió en su pareja, con el que llegó a mantener relaciones sexuales y al que quiso dejar en algún momento, pero no pudo.

Esto pasó cuando vivía en un inquilinato, en medio de necesidades y dificultades y con poco o nada de educación: toda una amalgama de problemas de los que se aprovechó ese sujeto y su propia madre, que empezó a cobrarle a la pareja de su hija por tener relaciones sexuales con ella.

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Cuando la adolescente pudo ingresar a un colegio, vio la posibilidad de dejar de ser, por algunas horas, “la mujer” de un hombre, y actuar como lo haría cualquier persona de su edad. Fue todo un descubrimiento para ella, que la llevó a querer terminar la relación. Sin embargo, su madre se negó; con lo que le cobraba al sujeto por “merecer” a su hija, terminó sosteniendo el hospedaje y la comida. Es decir, sin esta unión forzada, no habría dinero en la casa.

El caso, como muchos otros, no se presentó en ningún país de África, donde ya 125 millones de niñas han contraído matrimonios obligados con hombres adultos o adolescentes. Tampoco se registró en una zona extremadamente pobre y olvidada del país, como La Guajira, como se suele pensar. Ocurrió en Bogotá, la capital de Colombia, en el barrio Santa Fe. Según la Secretaría de Gobierno, entre 2013 y 2020 hubo al menos 50 uniones tempranas registradas en la ciudad.

Laura es una de las tantas sobrevivientes que ha sido auxiliada por la organización Valientes Colombia, que lucha contra la trata de personas y la explotación sexual. ¿Por qué la ONG atendió su caso? Porque los matrimonios serviles, muchas veces ocultos en matrimonios de menores de edad legales, están contemplados en el Código Penal como una modalidad de trata de personas con fines de explotación.

Sin embargo, a pesar de que figura como un delito, Colombia es el único país de América Latina que permite legalmente uniones de pareja a partir de los 14 años, únicamente cuando existe un consentimiento por parte de los padres o tutores (artículo 117 del Código Civil).

En algunos casos, las uniones tempranas también son forzadas, no obstante, no todas llegan a figurar como matrimonios certificados por notarías. Es suficiente con estar en una relación no consentida en la que hay un sometimiento doméstico y/o sexual.

“Por eso hay un subregistro terrible de que son relaciones obligadas, pero no hay un papel que diga que son un matrimonio”, explicó a Infobae Colombia la directora general y fundadora de Valientes Colombia, Katherine Jaramillo.

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y hasta mujeres adultas han terminado siendo víctimas de matrimonios serviles en los que son sometidas a toda clase de maltratos y vejámenes.

Tan solo en 2023, más de 100 menores de edad se casaron en Colombia, según la Superintendencia de Notariado y Registro. Las cifras son aún más alarmantes si se regresa un poco en el tiempo. Según el Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia 2010-2020 de Unicef, en 2018, más de 340.000 niñas y adolescentes (8,6%) y más de 133.000 niños y adolescentes (3,2%) se encontraban o habían pasado por un matrimonio o unión temprana. El problema no es menor.

Colombia y el mundo se enfrentan un delito que es capaz de mutar y adaptarse a las características del lugar de donde provienen las víctimas. De acuerdo con Jaramillo, en las zonas rurales, las familias piensan en casar a sus hijas para garantizar ciertos apoyos económicos.

Dicen: “Ya usted hizo su primaria, ¿qué va a hacer?, tiene que ayudar de alguna forma en la casa. Los hombres salen a trabajar en las fincas de alrededor y las chicas, ¿qué hacen? Entonces, hay que emparentarla con el viudo o con el que tenga algún lote”, detalló la directora.

Por otro lado, en La Guajira, por ejemplo, está normalizado el matrimonio servil en el que la niña, joven o mujer es obligada a cumplir funciones del hogar: hacer aseo y preparar la comida. De hecho, en 2020 este tema generó indignación cuando un “palabrero” wayúu del departamento, conocido como Roberto Barroso, negoció a una “chinita” de su etnia con el entrevistador radial Fabio Zuleta, en el programa Buenas Tardes con Fabio, de la emisora Sistema Cardenal, de Valledupar (Cesar).

“Toda la vida se ha dicho que en la Alta Guajira venden a las chinitas. ¿Todavía venden las chinitas?”, preguntó Zuleta. El “palabrero” dijo que sí, ofreciendo a una mujer joven por $5 millones. Entonces, el locutor especificó cómo y para qué la quería: “que no se mueva”, “sin pelo”, y que permanezca encerrada para que le prepare arepas.

El caso generó tanta molestia que la abogada wayúu y senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú se pronunció rechazando las declaraciones y aclarando que las mujeres no están a la venta. Pues, culturalmente, sí existe una costumbre cuando la mujer o niña se casa; su familia recibe una “dote” por parte del hombre, que es un regalo, ya sea en especie o en dinero, el cual simboliza el valor de ella y de la unión que se formó.

“La dote es la garantía de respeto hacia la mujer y sus familias, es la garantía de consolidación del matrimonio, es el fortalecimiento del patrimonio económico que es administrado por nuestros tíos maternos”, detalló la abogada.

Y, aunque Peralta Pieyú y otros líderes de los wayúu se han esforzado por hacer la diferenciación, lo cierto es que ese aspecto cultural ha sido utilizado por algunos para justificar la compra y venta de niñas, mujeres, adolescentes y de hombres de la etnia, lo que termina siendo una unión forzada, según explicó a Infobae Colombia la subdirectora general de la ONG y directora del observatorio de La Trata de personas y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Ñiños y Adolescentes (Escnna), Danitza Marantes.

También pasa que, cuando una mujer sufre un abuso sexual, en algunas comunidades indígenas se opta por formar un matrimonio entre sobreviviente y agresor, a manera de “reparación”, lo cual termina siendo, más bien, completamente revictimizante y un riesgo para la sobreviviente, que puede volver a enfrentarse a varios tipos de violencia.

Conforme avanza la tecnología, se van diversificando las formas en las que las jóvenes y mujeres, sobre todo, caen en manos de delincuentes que las someten a matrimonios serviles. En esta época moderna, llena de posibilidades para acercar a las personas, las aplicaciones de citas han terminado siendo el medio perfecto para captar víctimas.

“Hemos atendido un par de casos ya en donde estas mujeres han conocido a sus parejas por aplicaciones por Internet y se van se van del país, incluso pueden casarse, y cuando llegan al país de origen de este hombre, empiezan a vivir un tema de trata. Les quitan el pasaporte, esta persona las somete a un tema doméstico fuerte en donde no las dejan salir, si llegan a tener hijos las amenazan con los hijos, donde las golpean. En uno de esos casos, por ejemplo, el tipo la explotaba sexualmente con otros hombres”, detalló Katherine Jaramillo.

Muchas de ellas deciden no denunciar, no solo por temor, sino porque se sienten culpables. El discurso común que manejan es decir: “Yo me metí en esto, yo me lo busqué, porque a mí sí me han dicho que no consiguiera novio por Internet”. Bajo esos argumentos, no se dan cuenta de que fueron víctimas de un delito, o de varios, como la explotación sexual. Incluso, pueden llegar a pasar muchos años aguantando, hasta que alguien se da cuenta de lo que pasa, o hasta que deciden pedir ayuda.

“Te encuentras con ese monstruo que es la explotación, donde no solamente hay violaciones, sino que hay temas de abusos de violencia física, de zoofilia, de pedofilia, de una cantidad de cosas que tú no te imaginas”, detalló la directora de Valientes Colombia a este medio.

Así las cosas, se entiende que el matrimonio servil puede desencadenar varias formas de violencia, que afectan, sobre todo, a niñas y adolescentes empobrecidas, racializadas y vulnerables. Este delito, que se escabulle en los matrimonios de menores de edad, mal llamados matrimonios infantiles, normalizados en Colombia, “daña todos sus derechos” y desencadena una ola de consecuencias físicas y psicológicas supremamente complejas de tratar y sanar.

Por eso, existe una lucha en el país para derogar el artículo 117 del Código Civil, entre algunos otros, para prohibir el matrimonio y la unión marital de hecho entre personas menores de 18 años o entre un menor de edad y un adulto. Hasta el momento, no se ha tenido éxito.

Cualquier persona que sea víctima de este delito, en cualquiera de sus modalidades, o que tenga conocimiento de un caso, puede comunicarse con las autoridades a través de la línea nacional 018000 52 20 20 y la línea internacional 57 +1 600 10 35.

También puede acudir a consulados, al Ministerio De Relaciones Exteriores, al Ministerio Del Interior, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación.

Dependiendo a donde lleguen las denuncias, los casos son remitidos a las autoridades competentes, como la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensoría o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), si llegan a involucrar a menores de edad.

Cabe resaltar que para hacer este tipo de denuncias no se requiere de la compañía obligatoria de un abogado y tampoco tienen costo.

* El nombre real de la sobreviviente fue omitido por motivos de seguridad.